Redacción 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimó una reconvención del congreso de Baja California, quien reclamaba la presunta omisión del gobierno federal para regular la internación a territorio nacional de vehículos extranjeros.
El asunto surgió a raíz de una controversia promovida por el Poder Ejecutivo Federal en contra de la Ley que crea el Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación de esa entidad, promulgada en marzo de 2020, que consideraba invadía sus facultades.
En respuesta, el gobierno bajacaliforniano presentó a la SCJN una reconvención alegando que la ley estatal tenía, entre otros, el objetivo de regular la compra de vehículos usados de origen extranjero, área que, afirmaba, era necesario normar y que sobre este tema la federación había sido omisa.
La ministra ponente en este caso, Yasmín Esquivel Mossa, explicó que sí existen normas fiscales emitidas por la federación para normar la importación de estas unidades, y que incluso recientemente se emitieron disposiciones adicionales y específicas.
“A mayor abundamiento, se hace notar que en el Decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, publicado el 19 de enero de 2022 y sus posteriores reformas, el Ejecutivo Federal, regula la situación de tales vehículos que circulan de manera irregular en los Estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Nuevo León Tamaulipas, Baja California Sur , Durango, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Jalisco, Puebla y Zacatecas.
Asimismo, mediante el decreto por el que se fomenta la regularización e integración de vehículos usados de procedencia extranjera, publicado el veintinueve de diciembre de dos mil veintidós y su reciente reforma publicada el treinta y uno de marzo de dos veintitrés, se determinó incluir a los mismos vehículos que circulan en los Estados de San Luis Potosí y Tlaxcala, por lo que es inexacto que no existan acuerdos para la regularización ni una política del Ejecutivo Federal al respecto.”, enumeró Esquivel.
La propuesta fue aprobada por unanimidad en el Pleno de Ministros.
