Redacción 
Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
La cantidad de personas detenidas en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Sonora creció 814 por ciento, de 2015 a 2022, según la Unidad de Política Migratoria. Y en este contexto las autoridades han realizado recortes presupuestarios, incumplido con diversas disposiciones de la ley y omitido sus responsabilidades ante recomendaciones realizadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo cual ha dado como resultado que la crisis por el aumento del flujo de migrantes no haya sido atendida apropiadamente.
Dowling nació en Honduras, pero desde el año 2019 se encuentra en Hermosillo, Sonora. Él, al igual que muchos connacionales, se vio obligado a salir de su país por motivos de seguridad.
Todo empezó un día que fue testigo de cómo un par de policías cometieron presuntos actos relacionados con el crimen organizado. Se fue de la escena por temor a represalias y horas más tarde llegó a su casa para encontrarse con la noticia de que dos policías habían entrado a su domicilio.
“Mejor vete”, le advirtió su vecina en ese momento y así fue cómo decidió salir del país.
El Informe Mundial 2020 de Human Rights Watch en la primera línea de la sección dedicada a Honduras refiere que “el crimen organizado continúa afectando a la sociedad hondureña y obliga a muchas personas a abandonar el país”.
El documento también indica que la pobreza, la violencia y la inseguridad generan importantes flujos de migrantes y solicitantes de asilo.
En 2018, apenas un año antes de la salida del país de Dowling, ocho ex policías fueron procesados o condenados en Estados Unidos por su participación en actividades de delincuencia organizada, de acuerdo con Human Rights Watch.
Dowling llegó a México y atravesó explotación laboral y extorsiones a manos de las autoridades municipales, estatales y federales. Esto llegó al extremo del uso de armas en un municipio del sur del país: “Nos tirotearon con pistola”, comentó.
Después de un largo viaje, la Guardia Nacional lo detuvo presuntamente de manera arbitraria en Empalme, Sonora, y lo trasladó a la Estación Migratoria de Hermosillo, donde habría de pasar los siguientes cuatro meses de su vida.
Dicha estación es parte de las instalaciones físicas que establece el Instituto Nacional de Migración para alojar temporalmente a las personas extranjeras que “no acrediten su situación migratoria regular”.
Está obligada, por tanto, a ofrecer asistencia médica, psicológica, jurídica, alimentación, espacios deportivos, además de cumplir con el resto de los requisitos contemplados en el artículo 107 de la Ley de Migración.
Las condiciones durante la estancia de Dowling, sin embargo, distan mucho de las de las que dicta la ley. Sus días allí quedaron marcados por comida sin la higiene adecuada, «con piedras», por condiciones de hacinamiento, trabas en su proceso legal, “motines” y “daño psicológico”.
“No podíamos ni caminar, para decirle y a veces en los colchones dormíamos hasta tres personas […] dormía hasta encima de la mesa”, dijo en entrevista.
En el caso del hacinamiento, a pesar de que no existe un lineamiento general para normar la distribución de espacios en estos centros de detención, el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha puesto como referencia el pronunciamiento del Comité Internacional de la Cruz Roja en cuanto a Sobrepoblación en los Centros Penitenciarios de la República Mexicana, publicado en octubre de 2015.
Tal pronunciamiento sugiere una superficie mínima por persona en celda individual de 5.4 metros cuadrados y de 3.4 metros cuadrados en celda múltiple.
Estas condiciones mínimas, aunque establecidas para el alojamiento de criminales, no se respetaron en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración durante la estancia de Dowling, a pesar de una ampliación realizada en la estación migratoria de Hermosillo de 2019 a 2020.
El 3 de abril de 2020, a poco más de una semana de su salida, en varios medios de comunicación aparecieron titulares sobre un motín en la Estación Migratoria de Hermosillo. Un grupo de personas se manifestó el día anterior por temor a la propagación del COVID-19 y denunciaron habitar en condiciones antihigiénicas y de hacinamiento.
Derivado de ello, el mismo 3 de abril, el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura de la CNDH emitió una serie de medidas precautorias para buscar subsanar la situación y eliminar los riesgos de la población ante tratos crueles, inhumanos, degradantes o, incluso, tortura.
A pesar de que el motín mencionado fue el único del que se encontró registro, Dowling asegura que desde el 7 de diciembre hasta marzo —fecha en que salió— vivió “muchos motines” a los cuales las autoridades respondieron con fuerza pública. En una ocasión, manifestó, fue golpeado por elementos de la Guardia Nacional.
Sobre estos términos hay que agregar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación configura la prohibición de la tortura y malos tratos como una cara del respeto a la dignidad de las personas, a sus garantías individuales y sus derechos humanos.
La pandemia exhibe a Migración
La pandemia ocasionada por el COVID-19 dejó al descubierto las rendijas institucionales por donde se escapan los derechos de las personas migrantes.
Dicha situación no es propia de la localidad, pues durante las mismas fechas del motín en Hermosillo, fueron registrados al menos otros dos a lo largo de la república. Esto de acuerdo con Lorena Cano Padilla, coordinadora jurídica del Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (Imumi).
“A partir de que sucede la pandemia y tenemos noticias de estos dos amotinamientos, que son como los más emblemáticos o de los que tuvimos conocimiento, uno en Villahermosa, Tabasco, en marzo del 2020 y otro en Piedras Negras, Coahuila, en abril del 2020, decidimos emprender acciones jurídicas y de incidencia que pudieran aportar a los derechos de la población en virtud de que definitivamente gobernación no tiene oídos para nosotras”, señaló.
Las colaboraciones mencionadas se dan fundamentalmente con otras organizaciones que velan por los derechos de las personas migrantes, tanto mexicanas como extranjeras. Allí se enmarcan las acciones jurídicas y de incidencia, una de ellas, el amparo 426/2020.
“Cuando nosotros promovemos la demanda de amparo indirecto, buscamos dos cosas: por un lado, una resolución, una sentencia firme, que condene las violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de la población en movilidad; y por otro lado, buscamos que también los efectos inmediatos puedan proteger los derechos de las personas, para que cesen estos actos violatorios y no se generen perjuicios de imposible reparación”, explicó Cano Padilla.
A partir de dicho amparo, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México dictaminó once medidas con el fin de proteger la vida y la salud de las personas migrantes detenidas en las más de 60 estaciones migratorias del país.
El protocolo no está cerrado pues no se cuenta con una sentencia firme hasta ahora. De acuerdo con Cano Padilla “nada” de lo dictaminado por el juez se hizo, a pesar de ello, agregó, el mismo juez no sancionó al INM cuando pudo haberlo hecho. “Solamente los apercibió, o sea, como que los amenazó en términos legales”.
Una de las medidas que dictaminó el juez, establece lo siguiente:
“Pongan de inmediato en libertad a las personas recluidas en las estaciones migratorias que son parte de algún grupo vulnerable dado el riesgo de adquirir la enfermedad estudiada y opten por otros mecanismos para su seguimiento en territorio nacional.”
Sin embargo, Cano Padilla señaló que los datos que presentó el INM con relación a la identificación de personas en vulnerabilidad y su liberación de los centros de detención eran distintos a los reportados por la Unidad de Política Migratoria (UPM), aunque no precisó las cifras.
“Pudimos demostrarle al juez que migración mintió, porque la Unidad de Política Migratoria (UPM), genera una serie de estadísticas mensuales y la información que rendía migración (INM) al juez era totalmente diferente a la que publicaba la UPM. Entonces, pudimos acreditar que migración miente”, señaló la coordinadora.
Más opacidad: cifras oficiales se contradicen
El 27 de noviembre de 2017 el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura (MNPT) dirigió al entonces Comisionado del Instituto Nacional de Migración un documento titulado RECOMENDACIÓN M-07/2017 sobre estaciones migratorias y estancias provisionales en los estados de Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, Sonora y Veracruz.
La Recomendación M-07/2017 es consecuencia de una segunda ronda de visitas por el MNPT durante abril de 2017 para “verificar las acciones reportadas para la atención de las situaciones mencionadas en el informe inicial”.
De acuerdo con el Mecanismo, se comprobaron “acciones implementadas para solventar observaciones”, pero se agrega que “situaciones de riesgo […] persisten”.
Esto deja en evidencia que las instalaciones “no reúnen las condiciones para garantizar a las personas en contexto de migración una estancia digna y segura”, como menciona el documento.
Dichas situaciones de riesgo fueron englobadas en cuatro rubros, los cuales son: las instalaciones; servicios médicos deficientes; espacios insuficientes, y falta de instalaciones para mujeres.
Al final, a manera de anexo, se incluyen tablas donde se detallan las situaciones observadas en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración. En Sonora se visitaron tres instalaciones: la estancia provisional en Nogales fue la que acumuló faltas en todos los rubros, mientras que en Agua Prieta se registraron servicios médicos deficientes y en la estación migratoria de Hermosillo no se detectaron irregularidades.
De acuerdo con una solicitud de información con folio 330020322001302 contestada el pasado 12 de enero del 2023, el Instituto Nacional de Migración informó que la estancia provisional de Nogales incluso tuvo que suspender actividades desde el 25 de febrero de 2019 derivado de la recomendación emitida por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y que en caso de presentarse migrantes a sus intalaciones, estos son trasladados a la estancia migratoria más cercana.
«El 25 de febrero de 2019 la Dirección General y Verificación Migratoria, de conformidad con sus atribuciones emitió un oficio al entonces delegado Federal del Instituto Nacional de Migración de Sonora, a través del cual se notificó la suspensión temporal de actividades de alojamiento de la Estancia Provisional «A» en Nogales, derivado de una recomendación emitida por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, requiriendo al Titular de la Oficina de Representación del estado de Sonora iniciar acciones con la finalidad de obtener nuevas instalaciones que cumplan con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Migración.»
No obstante, en la misma respuesta las autoridades adjuntan una base de datos en donde aparecen cinco personas alojadas en la estancia provisional de Nogales durante el 2019, después de la fecha de la supuesta clausura, y nuevamente en 2021 fueron alojadas 45 personas, mientras que en 2020 y 2022, no se tienen reportes de ningún alojamiento.
La autoridad no explica esta disparidad en las cifras, ni tampoco si durante el 2019 y 2021, cuando sí se reportaron alojamientos posterior a la fecha de la clausura, ya habían subsanado la recomendación o no.
De estudiante a refugiada, el viaje de Daniela
Daniela asistía a la universidad cuando la violencia cambió su vida y la de su familia. Nació en Cuautla, Morelos y allí vivió hasta el 2020. Tras amenazas de un vecino y dos intentos de secuestro, Daniela y su familia dejaron su hogar.
Viajaron hacia el norte y llegaron a Nogales, Sonora. Esperaban encontrar donde pasar la noche y tener suerte al solicitar refugio en Estados Unidos. Era la primera vez que pisaban la ciudad, así que una prima de Daniela les sugirió que buscaran el albergue San Juan Bosco.
Dicho albergue es una Institución de asistencia privada y tiene más de 40 años en el municipio de Nogales. Fue fundado por Gilda Esquer y Francisco Loureiro. Alberga por lo normal a refugiados y deportados y recibe presupuesto del municipio de Nogales y del estado de Sonora. Lo último según las palabras de Juan Francisco Loureiro Esquer, ahora apoderado legal del albergue, en entrevista para este reportaje.
La manera más fácil de entrar al albergue, precisó Daniela, “es que el grupo Beta te deje ahí”. Estos grupos del INM se dedican a la protección y defensa de los derechos humanos de las personas migrantes. Se especializan en dar orientación, rescate y primeros auxilios. “La gente va y pregunta en la línea y los llevan directamente a San Juan Bosco”.
Pero esa no fue la situación, así que tomaron un taxi y le pidieron al chofer que les llevara a San Juan Bosco. Llegaron a su destino la madrugada del 29 de marzo de 2020.
La temperatura rondaba los 5 grados centígrados, les dieron una colchoneta y a la mañana siguiente fueron establecidas las reglas: no pueden quedarse durante el día, tienen que llevarse sus pertenencias. Se les daría un café, un cereal u otra cosa ligera pero luego tendrían que irse.
Para Daniela y su familia irse del lugar significaba incertidumbre ante la ciudad desconocida, así que decidieron “seguir a los demás”. Subieron a una camioneta que les cobró 10 pesos por persona y los trasladó hacia Iniciativa Kino, organización binacional que funciona como comedor y albergue para migrantes en Nogales. Allí les ofrecieron asesoría legal, atención médica y otros servicios. Al llegar las 5 de la tarde volvían “al Bosco”.
Lo trágico para Daniela era la hora del regreso. Al volver debían permanecer en una capilla dotada con unas 50 sillas.
Debían estar allí hasta la hora de dormir, momento en el que apartaban las sillas y les proporcionaban colchonetas y cobijas:
Con todo, las regaderas son para Daniela el recuerdo más vívido pues no había privacidad y el tiempo para bañarse era muy corto.
“Una sola habitación con cinco regaderas, estaban divididas por pared, pero no había como tal una puerta, una cortina o algo: solamente la división de pared y ya (…) solamente tenías cinco minutos para bañarte”, dijo.
“Y pues prácticamente conocer los cuerpos de todos porque no te tocaba siempre con las mismas personas, entonces ahí conforme llegaras, te metías a bañar y listo, pero así pues al principio es así como que da vergüenza ¿no?, porque es tu cuerpo y que te estén viendo los demás”, narró.
De acuerdo con Daniela, el agua caliente, factor importante ante el clima de Nogales, alcanzaba para “unas 20 o 30 personas”, de un total aproximado de 120. Al preguntarle sobre servicios de atención psicológica dentro de las instalaciones, su respuesta fue “nada”.
Loureiro Esquer, apoderado legal de este albergue, rechazó esta versión al señalar que el establecimiento es revisado por las autoridades estatales y cumple con las medidas sanitarias.
“Este albergue está revisado por la Secretaría de Salud, por regulación sanitaria. Constantemente están revisando el albergue. A lo mejor ella se refería a otro albergue porque las condiciones de este albergue son extremadamente limpias. Es mentira que las regaderas las tenía que compartir con otras”, apuntó .
“Yo creo que está totalmente equivocada porque todas las personas, incluso todas las autoridades, se asombran cada vez que llegan al albergue, que les mostramos las instalaciones y se asombra a la gente las condiciones que se encuentran, en el estado de limpieza que se encuentra el albergue, porque durante todo el día se está realizando aseo. Incluso, uno de los requisitos, y lo único que nosotros le solicitamos a los migrantes, es reciprocidad, es lo único que les pedimos. Es decir, que nos apoyen a que se mantenga limpio el lugar donde duermen y el lugar donde comen”, afirmó.
El retraso del Consejo Estatal de Atención a Migrantes
La creación del Consejo Estatal de Atención a Migrantes se contempla desde 2007 en la Ley de Apoyo y Protección a Migrantes. El Consejo tiene entre sus facultades promover la suscripción de convenios con organizaciones de la sociedad civil, dependencias y entidades de las administraciones públicas federal, estatal y municipal, para la formulación y ejecución de programas y acciones orientados a atender en forma coordinada a los migrante”.
Las alarmas sonaron cuando en 2018, a cuatro años del gobierno de Claudia Pavlovich en Sonora, el Consejo no había sido creado. Más tarde, en agosto de 2019, la diputada Miroslava Luján López presentó una Iniciativa para “exhortar respetuosamente” a la entonces gobernadora realizar a la brevedad posible “las acciones necesarias para instalar el Consejo” y dicha iniciativa fue aprobada.
Pero fue durante el actual gobierno de Alfonso Durazo que se creó el Consejo en junio de 2022 y está integrado por el Ejecutivo, el secretario de Gobierno y la titular de la Oficina de Atención a Migrantes (OAM); además de cinco vocales oficiales, titulares de dependencias pertinentes, y cinco vocales de la sociedad civil.
“En esta administración que encabeza el gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, el año pasado, justamente en el 2022, fue que por primera vez instalamos este Consejo de Atención a Migrantes, que justamente es vinculante de un mandato de esta misma ley (de protección y apoyo a migrantes)”, dijo Bernardeth Ruiz Romero, titular de la OAM, en entrevista.
En cuanto a los cinco vocales de la sociedad civil, la ley establece que serán elegidos “preferentemente de instituciones educativas, de investigación y de organizaciones no gubernamentales vinculadas con la atención a migrantes o grupos vulnerables, designados conforme al procedimiento de consulta ciudadana que determine el Reglamento.”
Al no encontrar registro de alguna convocatoria dirigida a la ciudadanía, se cuestionó a Juan Francisco Loureiro Esquer, que figura como uno de los cinco vocales, quien comentó que recibió la invitación para pertenecer al Consejo por medio de la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios y Migrantes.
Sobre la convocatoria Bernardeth Ruiz dijo lo siguiente:
“Lo primero era instalar el consejo y lo segundo también es robustecerlo, de tal forma que el día que lo instalamos, no solamente instalamos a lo que por ley dice la misma legislación, sino que también invitamos a otras dependencias, a otras organizaciones que nosotros consideramos deben estar y deben de tener voz y voto dentro de ello. En este sentido le giramos la invitación a todos los albergues del estado, a otras organizaciones que también han estado muy participativas en este tema”, indicó la titular de la Oficina de Atención a Migrantes de Sonora.
Recortan el Fondo de Apoyo al Migrante
El Fondo de Apoyo al Migrante, que proporcionó recurso federal a Sonora en los años 2012, 2013, 2016, 2017, 2018 y 2019, desapareció de acuerdo con información de la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios y Migrantes.
La proporción del presupuesto proveniente del FAM, respecto del total para la atención a migrantes en Sonora, muestra el impacto en la capacidad de asistencia a los extranjeros.
Además, se puede ver que de 2018 a 2019 el presupuesto asignado se redujo a poco más de la cuarta parte.
No obstante, Bernardeth Ruiz aseguró que la falta del Fondo de Apoyo al Migrante no ha sido problema.
“Estamos coordinados, hasta este momento no hemos tenido mayor problema, a pesar, digamos, de los presupuestos, nosotros estamos trabajando de manera colaborativa”, argumentó la funcionaria pública.
Asimismo, la Ley de Apoyo y Protección a Migrantes también establece la obligación de crear el Registro Estatal de Migrantes (REM), en el artículo 28.
“(El Registro) estará a cargo de la Oficina de Atención a Migrantes, será público y tendrá por objeto la inscripción voluntaria de información por parte de los migrantes con respecto a su nombre, procedencia, domicilio en su lugar de origen y en general, de todos aquellos datos que pudieren facilitar su ubicación o la de sus familiares con el objeto de facilitar su reencuentro”, indica la ley.
Mediante acceso a la información pública se solicitó dicho registro pero fue negado por contener datos personales. En la respuesta la dependencia agregó que se realiza de manera manual y después se captura, pero al no contar con presupuesto aprobado para una plataforma digital, el manejo de la información es limitado.
Esto representa riesgos, –según los lineamientos de la “Guía para el manejo de datos de personas migrantes en posesión de albergues”, emanada de la Organización Internacional para las Migraciones– tales como el robo extravío o que se realice copia no autorizada, pérdida o destrucción, el uso o acceso no autorizado y el daño, alteración o modificación no autorizada a los datos personales.
Dichos riesgos aumentan por falta de medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas; tal como no contar con presupuesto aprobado para una plataforma digital.
Una versión pública, es decir, que no contiene datos sensibles, del registro fue facilitada por la misma dependencia.
Si se suma la cantidad de personas consideradas en este registro de los años 2020 a 2022, periodos en los que Dowling y Daniela ya se encontraban en Sonora, se tiene un total de 8 mil 811 personas: muy por debajo de otros años, lo cual puede ser atribuido al recorte presupuestal.
El tamaño de la crisis
En siete años la cantidad de personas detenidas en las instalaciones del INM en Sonora ha crecido 814.17 por ciento. Esto de acuerdo con las estadísticas de la Unidad de Política Migratoria de 2015 a 2022.
En 2020 se dio un punto de inflexión. Si comparamos los números de Sonora con los de Baja California, —uno de los principales puntos de paso de las personas migrantes de las últimas décadas— antes y después de 2020 se puede observar una tendencia:
En Baja California se tiene un registro de 13 mil 780 migrantes presentados en las instalaciones del INM de 2015 a 2019. En Sonora, en el mismo periodo, se cuentan 11 mil 003 personas.
De 2020 a 2022, los números muestran algo diferente: Baja California con 25 mil 852 y Sonora con 29 mil 128.
Es decir, el flujo por Baja California, de 2015 a 2019 era 25 por ciento mayor que en Sonora. Pero de 2020 a 2022 la tendencia se revirtió y el flujo fue 12.6 por ciento mayor en Sonora.
Con relación al número de personas deportadas por Sonora, la cifra ha crecido rápidamente a comparación de años anteriores y respecto de Baja California. Tan solo en el 2022 hubo más del doble de deportados por Sonora que por Baja California. En ese año en Sonora se registraron 3 mil 488 personas devueltas por la entidad, mientras que por Baja California fueron mil 284.
Manos atadas
Durante la realización de esta investigación fue posible constatar la opacidad del Instituto Nacional de Migración y la falta de facultades de las autoridades estatales, factores que sumados a 15 años de ausencia institucional, han perpetuado la indefensión de personas en movilidad ante riesgos ya identificados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el mismo ámbito.
Luis Fernando Rentería Barragán, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se deslindó de estos hechos y mencionó que las violaciones a derechos de migrantes en las instalaciones físicas del INM son competencia federal, por lo que corresponden a la CNDH. En dichos casos, puntualizó, el papel de la dependencia estatal es de “coadyuvancia”.
Por su parte, la titular de la Oficina de Atención a Migrantes, al mencionarle el tema de las violaciones en las instalaciones del INM en Sonora, hizo alusión a lo mismo:
“Las estaciones y estancias migratorias son facultad de atribución del Instituto Nacional de Migración, es por parte de la federación, entonces sí, no podría darte una respuesta” pero aseguró que “Protección Civil ha hecho su trabajo en las verificaciones de aquellas estancias”.
De manera que el alcance de las instituciones presentes en la entidad no es suficiente para atender en su totalidad el problema migratorio ni para hacer cumplir los derechos de las personas en movilidad.
Como resultado las personas migrantes continúan siendo víctimas de tortura y malos tratos en Sonora, como da cuenta el rescate de 63 migrantes secuestrados por grupos de la delincuencia organizada. Esto ocurrió el pasado 27 de abril en Sonoyta. Entre las personas rescatadas se encontró a 50 adultos y 13 niños.
En este caso, la Fiscalía de Sonora abrió la carpeta de investigación luego de que el 25 de abril se recibiera una denuncia por parte del Consulado de Ecuador, por la privación ilegal de la libertad de al menos 30 ciudadanos ecuatorianos.
https://www.borderhub.org/noticias-especiales/migrantes-enfrentan-hacinamiento-opacidad-y-malo-tratos/
Tomado de: Border Hub Center
Dia de publicación: 2023-05-05
