Redacción 
Alejandro Matty Ortega/Irreverente Noticias
Ciudad de México (IN).- El crimen organizado encarece la vida en México.
La delincuencia fija, controla y eleva los precios de alimentos, combustibles y transporte en el país con el llamado «cobro de derecho de piso».
Lo anterior, «influye en la cadena de suministros esenciales en el país», revela un estudio de la UNAM.
En el estudio del Laboratorio de Análisis de Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, titulado “La inseguridad irrumpe la logística de las cadenas de suministro hacia Estados Unidos”, se señala que el delito de extorsión en modalidad de «cobro por derecho de piso» condiciona la economía mexicana.
Lo anterior, luego que «los productores, locatarios y agricultores son las principales víctimas de este delito».
El estudio expone que «la cadena de producción, distribución y venta se ve encarecida, por lo que, cuando los productos llegan al consumidor, los precios son muy elevados».
Un ejemplo citado en el estudio de la UNAM «es el aumento gradual del precio del kilo de limón».
Se estima que «el kilogramo tiene un valor de 13 pesos originalmente, pero el cobro por ‘derecho de piso’ eleva su valor a 50 pesos, siendo este el precio que pagan los mayoristas para su adquisición».
De manera consecuente, «los minoristas lo compran en 60 pesos y lo venden en 70 pesos».
Luego de todo este proceso, «el consumidor final paga hasta 85 pesos por kilo de limón».
Así lo indica el estudio del Laboratorio de Análisis de Comercio, Economía y Negocios, de la Universidad Nacional Autónoma de México.
El docunento “La inseguridad irrumpe la logística de las cadenas de suministro hacia Estados Unidos”, establece además que «si bien la inflación va a la baja, el crimen organizado se ha conformado como un cártel que determina los precios en la producción, distribución y venta».
Además «de determinar temporalidad y volumen de cosecha y fabricación de bienes”.
.
Según el análisis, «el incremento de la inflación y afecta principalmente a los sectores con más presencia del crimen organizado como alimentos y bebidas no alcohólicas; prendas de vestir y calzado; gas y combustibles; muebles y artículos para el hogar; transporte, y restaurantes y hoteles».
De la misma forma, indica que «el gobierno debe blindar al mercado interno a través de fortalecer la seguridad pública en la producción, distribución y venta final de la producción».
En estos tres niveles «se debe minimizar la presencia del crimen organizado”.
Las ciudades dedicadas a la agricultura y ganadería «más afectadas por la extorsión son Irapuato, Guanajuato, con 40.3%; Uruapan, Michoacán, con 36.8%; Oaxaca, con 33.3%; Xalapa y Coatzacoalcos, con 26.7 y 26.6 respectivamente; Aguascalientes, con 25.6% y Pachuca, con 24.7%».
Por ello, los analistas señalaron que «ante esta problemática es necesario que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana blinde los principales puntos de producción agrícola y manufacturera contra la intervención del crimen organizado».
Indican que «con ello se evitará que aumenten costos al productor».
También «evitarán el incremento de precios al consumidor, lo cual redundaría en una menor inflación y una reducción en las tasas de interés, provocando un incremento en el consumo”.
